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Publicado originalmente en Revista Long Play Inc.
Me demoré en escribir esta columna, principalmente porque no sabía por donde empezar. Así que como buena aprendiz de Historiadora, partiré por el principio.
El día lunes la ministra Von Baer decía en un programa de TV, “Los estudiantes piden una constituyente, ¿qué tiene que ver eso con la educación?” El concepto “Todo” creo que es poco. Y no es broma.
La Constitución Política es la ley máxima de un Estado, todas las leyes emanan de ella y ninguna puede estar sobre ella. Contiene en términos generales la estructura del gobierno, disposiciones sobre derechos individuales, economía, política y sociedad. Supuestamente emana de la voluntad soberana de una sociedad que quiere organizarse, a través de una Asamblea Constituyente, en donde representantes electos por la sociedad, redacta este documento.
La Constitución Política, que con una que otra reformita, es la que nos rige hasta el día de hoy, fue promulgada en 1980, siendo parte (o LA) Asamblea Constituyente don Jaime Guzmán. Acorde al modelo económico neoliberal que estaba por imponerse, muchos “derechos” fueron trocados por “libertades”. Así, quedó establecida la “Libertad” de educarse, pero no el “derecho a la educación”.
También acorde al modelo económico Neoliberal, se adelgazó el Estado, es decir, se entregó a manos privadas obligaciones que antaño eran estatales. En el área educacional surgen los colegios particular subvencionados (Ley de Subvenciones de 1981) y la municipalización de las escuelas fiscales, en las que el Estado aportaría con una cantidad de recursos y los apoderados y/o municipios la otra.
Otro cambio importante fue la atomización de las universidades estatales que tenían sedes en regiones, transformándose muchas en las actuales universidades regionales (antes dependientes de las U. de Chile, Católica, etc.). Nacieron por su parte las Universidades privadas, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.
El Tata, el día antes de abandonar el sillón presidencial (10 de marzo de 1990), firma la LOCE, Ley Orgánica Constitucional, que amarra todo lo expuesto anteriormente, con lo que se provoca, el más terrible atropello a la sociedad: La libertad de enseñanza es más preponderante que el derecho a la educación. De esta forma, se da amplia libertad a levantar colegios por ejemplo, pero sin estándar mínimos de calidad.
Durante los primeros años de los gobiernos del arcoíris (Chile la alegría ya viene y toda esa vaina), se hicieron algunos cambios y se decretó la obligatoriedad de la educación hasta 4º Medio, la prohibición de expulsar alumnas embarazadas y otras reformas parches.
El sistema completo pedía a gritos una reforma por parte de profesores y estudiantes, así que en medio de un gran paro de docentes, es llamado al MINEDUC del gobierno de Frei, José Pablo Arellano, el que comienza con la Reforma educacional: Cambiando los planes y programas de estudio, quitando horas por ejemplo a ramos como Historia, (la geografía, educación cívica y economía prácticamente desaparecen) y la tremenda JEC (Jornada Escolar Completa). Y la educación superior, bien gracias.
El principal error del modelo, es que las reformas no han sido pensadas en una política educativa en su conjunto, como dijo el economista Marcos Kremerman en el 2007 “se observan diversos actores públicos pensando y trabajando en una legislación educativa por separado” lo que finalmente conlleva a que “"El sistema educativo actual no se construyó de un proceso de diálogo social participativo, y por tanto, carece de legitimidad” (ver artículo completo acá)
Esta deslegitimidad era sabida por los profesores y académicos, a quienes se excluyó por completo de las discusiones de la reforma. Y por los estudiantes, primero por los universitarios, que durante toda la década de los ’90 efectuaron diversas movilizaciones en pro de la recuperación de la educación pública (de hecho fuimos parte), pero las autoridades hicieron nulo caso.
Para seudo reformar estas exigencias, durante la administración de LAGOS, se crea el Crédito con Aval de Estado (CAE) en el que se entrega a la banca privada (bueno, eso estuvo demás, porque no hay pública), la misión de solventar estudios de educación superior, teniendo como garante al Estado. Los dos problemas inmediatos de esta medida son:
1º Los elevados costos de las tasas de interés y
2º Que se entregan recursos a la oferta, en vez de a la demanda, esto es, se priva la inyección de recursos a los establecimientos educacionales.
El estado de la cuestión siguió latente hasta el año 2006, con la llamada “Revolución Pingüina” en la que los escolares se tomaron los colegios exigiendo mejoras en el sistema educativo. Engañados por el gobierno, se cambia la LOCE por la LGE. El principal cambio es que deja de ser una ley constitucional, por lo que se puede ir modificando (a la primera, ni una coma) pero no soluciona el problema de fondo: el desigual acceso a una educación de calidad y que esto sea garantizado por el Estado.
Los movimientos e ideas continuaron, hasta que hace un par de meses aproximadamente, estalla nuevamente el conflicto. Primero con los universitarios reunidos en la CONFECH pidiendo un incremento sustancial en la participación del Estado en las universidades (en países de la OCDE, el aporte a educación superior es el 5% del PIB, en Chile, no supera el 3%) y la regulación al lucro de las Universidades Privadas (por ley está prohibido), además de aumentar las becas.
Progresivamente se han sumado ha este petitorio los rectores de universidades estatales (el Ministro Lavín intentó negociar con ellos por separado), profesores (me comprometo a escribir sobre el problema docente en general), escolares, universidades privadas e institutos y centros de formación técnica.
Debemos recordar que muchos de los pingüinos del 2006, son los que hoy están en la educación superior, por lo que ya sabemos algo de su temple en las movilizaciones. Las marchas se han hecho pan de cada jueves y el gobierno, encabezado por el MINEDUC no han sabido responder a estas demandas, que se han unificado en una sola: La vuelta a una educación pública, gratuita y de calidad.
Para esto, es necesario claramente un cambio constitucional, es decir: el derecho a la educación y la obligatoriedad del Estado de ser garante de que este no sea vulnerado. Lo que implicaría: Estatización de los establecimientos Municipales, mayor control y vigilancia a los particular subvencionados, aumento progresivo del aporte estatal a Universidades Públicas, regulación a través de una superintendencia a Universidades privadas, Institutos y Centros de Formación técnica, mejoramiento sustancial del sistema de acreditación y por sobre todo, desvinculación de la banca privada en la asignación de créditos educacionales.
Y esta es la sobre ideologización a la que se acusa al movimiento, pues de alguna forma, buscan formas de que este amplio petitorio se cumpla, como decía el guapo de Giorgio Jackson: Nos dijeron que nuestras demandas eran de un altísimo costo y de dónde sacaban los recursos, respondimos de la renacionalización del cobre.
De paso, se ha llamado a una Asamblea Constituyente, ya que la actual Constitución no es soberana, representativa, ni fue aprobada por la sociedad (a menos que la votación del año 1980, sin registros electorales y en plena dictadura sea considerada legal). En todo caso, este llamado también lo vimos en las marchas contra Hidroaysén.
Bueno, si la ministra Von Baer no entiende qué tiene que ver una constituyente con las demandas educativas después de este pequeño ultra resumen, esperemos que ustedes, queridos lectores sobre ideologizados y violentistas, si.
Bonus Track
El economista y docente, Marcel Claude, en una pequeña entrevista en CNN Chile, explica por qué es factible en Chile una educación pública, gratuita y de calidad. Si tienen tiempo, busquen en youtube muchas conferencias que ha realizado, explicando en detalle el modelo económico y de qué manera no es un problema de recursos, sino de distribución.
